Nulidad por abusividad de la cláusula de seguro de vida de prima única vinculada a préstamo hipotecario: análisis jurisprudencial y efectos

Analizamos la validez y efectos de la cláusula contractual que impone al prestatario, en el marco de un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor, la contratación de un seguro de vida de prima única vinculado al préstamo, con una aseguradora perteneciente al mismo grupo empresarial que la entidad prestamista.

La cuestión es si dicha cláusula constituye una condición general de la contratación y, en su caso, si resulta abusiva conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios, así como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¹

La problemática planteada se aborda en la Sentencia 913/2026 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de junio de 2026, que tiene múltiples implicaciones: por un lado, la posible vulneración de los principios de transparencia y equilibrio contractual, al imponer al consumidor una obligación de aseguramiento en términos predispuestos por el prestamista, sin posibilidad de elección de aseguradora ni de modalidad de pago de la prima; por otro, la repercusión económica de la prima única, que puede suponer un coste relevante y oculto en la financiación, afectando a la determinación de la TAE y al coste real del crédito asumido por el consumidor.

Además, se plantea la cuestión de los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula, en particular la restitución de la prima pagada y la delimitación temporal de dicha restitución.

La cuestión planteada exige el estudio detallado de la jurisprudencia y normativa aplicable, con especial atención a la protección del consumidor frente a prácticas contractuales que puedan generar desequilibrios significativos y falta de transparencia.

Cláusula abusiva que impone al prestatario un seguro de vida de prima única vinculado a la hipoteca

La Sentencia 913/2026 del Tribunal Supremo examina un supuesto en el que, en el marco de un préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda habitual, el consumidor prestatario se ve obligado a contratar un seguro de vida para la amortización del crédito, mediante el pago de una prima única a una aseguradora del mismo grupo empresarial que el banco prestamista.

La cláusula litigiosa se inserta en el apartado financiero del contrato, bajo la forma de una orden de transferencia para el pago de la prima, sin que el contrato de préstamo contenga una referencia expresa al seguro de vida, salvo en la documentación anexa.

El Tribunal Supremo, en primer lugar, aborda la calificación de la cláusula como condición general de la contratación. Conforme al artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), son condiciones generales aquellas cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato es impuesta por una de las partes, con independencia de su autoría, apariencia externa o extensión, y destinadas a ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

En el ámbito de los contratos con consumidores, el artículo 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLCU) utiliza la expresión «cláusulas no negociadas individualmente», cuyo significado se encuentra en el artículo 3.2 de la Directiva 93/13/CEE: se consideran no negociadas cuando han sido redactadas previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido, especialmente en contratos de adhesión.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, citada en la sentencia —sentencias 241/2013, 649/2017 y 669/2017, entre otras—, establece los requisitos para la calificación como condición general: contractualidad, predisposición, imposición y generalidad.

En el caso analizado, la mención al seguro en la oferta vinculante, la suscripción de la solicitud de seguro y la escritura de préstamo hipotecario constituyen una unidad negocial que evidencia la imposición al consumidor de la contratación vinculada de un seguro de amortización con prima única, con una aseguradora del grupo empresarial del prestamista, que además es tomadora y beneficiaria del seguro.

El pago de la prima única se contempla como una condición financiera ligada al préstamo y a cargo del prestatario, detrayéndose del capital del préstamo.

El Tribunal Supremo concluye que la entidad prestamista impuso al consumidor el aseguramiento con una entidad aseguradora de su grupo y con una elevada prima única, como contrato vinculado con el préstamo hipotecario.

La contratación del seguro y la orden de pago de la prima son condiciones predispuestas e impuestas, decididas por el banco, sin que consten otras opciones de contratación ni de abono de la prima.

La carga de la prueba de que la cláusula no está destinada a ser incluida en una pluralidad de contratos recae sobre el empresario, y la negociación individual requiere un poder de negociación real en el consumidor, lo que rara vez ocurre en contratos de consumo.

Incluso si la cláusula regula un elemento esencial del contrato, ello no impide su calificación como condición general de la contratación, ni la excluye del control de abusividad previsto en la Directiva 93/13/CEE y la normativa nacional.

Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 10 de mayo de 2001, asunto C-144/99, que exige el control de transparencia y abusividad incluso sobre condiciones relativas a prestaciones esenciales.

En cuanto a la abusividad de la cláusula, el Tribunal Supremo analiza la finalidad del seguro de vida de amortización, que busca garantizar el pago de la deuda en caso de fallecimiento o invalidez del prestatario.

La jurisprudencia previa —sentencias 339/2001, 1110/2001, 119/2004, 1040/2005 y 222/2017— reconoce la vinculación contractual entre préstamo y seguro, pero subraya la necesidad de que dicha vinculación no genere desequilibrios ni falta de transparencia.

Principio de interpretación conforme a las Directivas, la jurisprudencia del TJUE y la DGSFP

La Directiva 2014/17/UE, sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, establece en su considerando 25 y en su artículo 12.4 que, aunque los prestamistas pueden exigir la suscripción de una póliza de seguro para garantizar el reembolso del crédito, el consumidor debe tener la oportunidad de elegir su propio proveedor de seguro, siempre que la póliza tenga un nivel de garantía equivalente.

El Tribunal Supremo aplica el principio de «interpretación conforme» de las directivas, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —sentencias Adelener, Marleasing y Pfeiffer—, y concluye que la imposición de la aseguradora y de la prima única, sin posibilidad de elección ni de modalidad alternativa, constituye una infracción del artículo 12.4 de la Directiva 2014/17/UE.

Además, la falta de transparencia se agrava por la ausencia de información suficiente en el contrato de préstamo, la no inclusión de la prima en la TAE y el incumplimiento de la normativa de transparencia bancaria, concretamente la Orden EHA/2899/2011 y la Circular del Banco de España 5/2012.

La Dirección General de Seguros, en su Informe Anual de 2006, ya había calificado como inadecuada y, en ocasiones, claramente abusiva, la exigencia de contratación de un seguro de vida a prima única por todo el periodo del préstamo hipotecario, cargada al prestatario mediante el incremento del capital prestado.

Esta consideración resulta especialmente relevante cuando se omite información sobre el valor de rescate y el método utilizado para su cálculo.

Cláusula no transparente y abusiva

La cláusula es, por tanto, no solo no transparente, sino también abusiva, al generar un grave desequilibrio para el consumidor, que no puede conocer por completo la TAE ni el coste real de la financiación.

El consumidor asume, además, costes de financiación de la prima única que podría haber evitado mediante una prima periódica. En el caso analizado, la contratación del seguro no supuso ninguna ventaja financiera para el consumidor ni una reducción del tipo de interés.

La declaración de nulidad de la cláusula, conforme al artículo 82.1 del TRLCU y a los artículos 11.4 y 12.4 de la Directiva 2014/17/UE, implica la nulidad del pago dispuesto por la entidad financiera.

Sin embargo, el Tribunal Supremo matiza que, hasta la declaración de nulidad por sentencia firme, el contrato de seguro ha desplegado la cobertura pactada.

Por ello, la entidad demandada debe devolver el importe de la prima única con sus intereses pactados, deduciendo la parte proporcional consumida, también con sus correspondientes intereses pactados, desde la firmeza de la sentencia.

La estipulación litigiosa es una condición general de la contratación, porque la mención al seguro en la oferta vinculante, la suscripción de la solicitud de seguro y la escritura de préstamo hipotecario en la que se alberga la cláusula cuestionada constituyen una unidad negocial de la que se desprende la imposición al consumidor de la contratación vinculada de un seguro de amortización del préstamo por fallecimiento o invalidez permanente con prima única con una entidad aseguradora del mismo grupo empresarial de la entidad prestamista, que además es la tomadora y beneficiaria del seguro.

Y dada la redacción y contenido de la ficha de información personalizada, es evidente que el pago de la prima única se contempló como una condición financiera ligada al préstamo y a cargo del prestatario, que se detrae del capital del préstamo.

De donde se desprende sin género de duda que la entidad prestamista impuso al consumidor el aseguramiento con una entidad aseguradora de su grupo y con una elevada prima única, como contrato vinculado con el préstamo hipotecario.

Por más que se redacte la cláusula de manera aislada con referencia a una orden de transferencia, esta se vincula directamente, en cuanto que presupuesto para la contratación del seguro de amortización, con la contratación del préstamo.

Y no ofrece duda que la contratación del seguro y su manifestación en la orden de pago de la prima es una condición predispuesta e impuesta, por cuanto su concertación es decidida por el banco, la adhesión al contrato de seguro y su previsión sobre el pago de la prima se cursa a través del prestamista, es este quien se autodesigna como tomador y beneficiario y quien decide sobre el pago del precio del seguro mediante una prima única anticipada, sin que consten otras opciones, ni de contratación con terceros, ni de abono de la prima.

En cualquier caso, si bien está justificado que los prestamistas puedan exigir a los consumidores que dispongan de la pertinente póliza de seguro para garantizar el reembolso del crédito o asegurar el valor de la garantía, el consumidor debe tener la oportunidad de elegir su propio proveedor de seguro, a condición de que su póliza tenga un nivel de garantía equivalente al de la póliza ofrecida por el prestamista.

En cuanto a las costas procesales, la estimación del recurso de casación y de apelación implica la imposición de las costas de la primera instancia a la entidad demandada, pero no procede imposición de costas por los recursos de apelación y casación, conforme al artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la jurisprudencia del TJUE, en particular la Sentencia de 16 de julio de 2020.

El Tribunal Supremo establece un criterio claro y exhaustivo sobre la calificación y abusividad de la cláusula de seguro de vida de prima única vinculada a préstamo hipotecario, su infracción de la normativa europea y nacional, y los efectos restitutorios derivados de la nulidad.

Todo ello se realiza con especial atención a la protección del consumidor frente a prácticas contractuales desequilibradas y opacas.

Hito relevante en la protección de los consumidores

La Sentencia 913/2026 del Tribunal Supremo constituye un hito relevante en la protección de los consumidores frente a la imposición de cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario.

El Alto Tribunal califica la cláusula que impone la contratación de un seguro de vida de prima única, con una aseguradora del grupo empresarial del prestamista, como condición general de la contratación, al reunir los requisitos de contractualidad, predisposición, imposición y generalidad, y al no haber sido negociada individualmente ni ofrecer alternativas al consumidor.

La cláusula resulta abusiva por infringir los principios de transparencia y equilibrio contractual, al ocultar un coste relevante en la financiación, impedir la elección de aseguradora y modalidad de pago, y vulnerar la Directiva 2014/17/UE y la normativa nacional de transparencia bancaria.

La declaración de nulidad conlleva la restitución de la prima única pagada, deducida la parte proporcional consumida, con efectos desde la firmeza de la sentencia, y la imposición de las costas de la primera instancia a la entidad demandada.

Como vemos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo refuerza la protección del consumidor frente a prácticas contractuales que generan desequilibrios significativos y falta de transparencia, y establece criterios claros para la calificación y el control de abusividad de cláusulas vinculadas a la contratación de seguros en préstamos hipotecarios.

Nota

1.

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 913/2026, de 11 de junio de 2026, Rec. 6043/2021. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres. Declaración de nulidad de la cláusula de seguro de vida de prima única vinculada a préstamo hipotecario. ↩